El profesor de la Maestría de Derecho Administrativo y Regulación del Mercado, Alberto Ruiz Ojeda, Doctor en Derecho y en Economía, explica la importancia y perspectivas de la colaboración público–privada.
Por Pilar Rubio. 10 junio, 2016.El profesor de la Maestría de Derecho Administrativo y Regulación del Mercado, Alberto Ruiz Ojeda, Doctor en Derecho y en Economía, explica la importancia y perspectivas de la colaboración público–privada.
El Doctor Ojeda es, además, profesor de la Universidad de Málaga, profesor Jean Monnet de Derecho Europeo y profesor visitante de Harvard University y la Université Paris 1 Panthéon –Sorbonne.
¿Cuáles son las ventajas de la colaboración público–privada?
Permiten una asignación de riesgos específica, distinta de la de otros contratos, que también son necesarios pero no que permiten una transferencia de riesgos al sector privado para hacer que el empresario privado se vea involucrado y convierta la construcción y explotación de una obra en su propio negocio. Es decir, en una actividad en la que deben manejar los riesgos con competencia para añadir valor, generar un beneficio propio y, al mismo tiempo, un buen desempeño de la obra para los ciudadanos que utilizan ese servicio.
¿Cuáles son los rubros en los que se utiliza más los contratos de colaboración público–privada?
La colaboración público–privada es un conjunto de modalidades muy intersectorial. Por ejemplo, se aplica, con mucha frecuencia, en sectores en red, en los ámbitos de energía y telecomunicaciones. Desde mi punto de vista, donde se hace una aplicación más intensiva es en transporte aunque también entran servicios municipales (agua, limpieza, recogida de basura, tratamiento de residuos sólidos, depuración de aguas residuales). También tiene aplicaciones interesantes en materias de proyectos e investigación tecnológica.
Los instrumentos institucionales de colaboración público–privada son herramientas multipropósitos, con unas bases fundamentales que son comunes pero en cada uno de los ámbitos con un saber hacer que tiene que desarrollarse en cada país y momento, según las necesidades de cada sector.
¿Cómo fomentar la colaboración público–privada en países donde aún existe cierta desconfianza entre un sector y el otro?
El primer paso, que afortunadamente está bien cubierto en el Perú, es formar un equipo de profesionales en el sector público que integren una unidad de asociaciones público–privada (APP), de concesiones sólidamente formado, con un buen conocimiento en este sector y que sean capaces de poner en marcha unos proyectos bien estructurados y de procesar las experiencias, tanto buenas como malas.
El secreto está en aprender a fracasar bien. Se cometen errores pero lo importante es saber aprender de ellos.
Lo otro es tener una masa crítica propia para afrontar las líneas de interés principal y crear un saludable diálogo con los interlocutores del sector privado. Algo muy importante es estar dispuestos a saltar al ámbito internacional con licitaciones de calidad, capaces de atraer empresarios e inversores de fuera del país.
Si bien el Estado debe garantizar que los servicios esenciales sean brindados a todos los ciudadanos, ¿pueden los esquemas contractuales de colaboración público–privada ser las alternativas de solución a la satisfacción de necesidades sociales que, de ser asumidas solo por el Estado, no pueden ser cubiertas?
No, porque, aunque las asociaciones público–privadas pueden tener una aplicación muy amplia, es muy difícil que permitan atender todas las necesidades y demandas que los ciudadanos le plantean a una administración moderna.
Las modalidades público–privada deben ser aplicadas selectivamente, no sirven para todo. Además, no es la visión correcta el concebir a la colaboración público–privada como un sustitutivo del papel del Estado.
¿Cuál es el futuro de esta modalidad de colaboración contractual?
El futuro de la colaboración público–privada es ancho, largo y duradero. Por razones históricas, estos mecanismos se inventaron hace mucho, antes que la financiación presupuestaria convencional que necesita potencia y una capacidad fiscal que los Estados no han tenido hasta recientemente, si es que los tienen.
Desde mi punto de vista, la vida que le queda a las formas de colaboración público–privada es muy larga y tan permanente o más que la financiación presupuestaria.
